Conclusión 11: El margen derivado de la actividad corriente del sector público administrativo es estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones exigibles derivadas de la carga de la deuda, así como para destinar recursos a financiar gastos de operaciones de inversión.
Si se analizan sus componentes se constata que el margen de funcionamiento del sector público administrativo experimenta un brusco descenso con respecto a 2019, con una cuantía que se sitúa en valores negativos por importe de -583 M€.
Cuando se tiene en cuenta el impacto neto de las transferencias corrientes, se constata que el ahorro bruto muestra también una tendencia desfavorable, pero en este caso con valores positivos en los últimos tres ejercicios, situándose en 186 M€ en 2020.
Si además de este ahorro bruto se deducen los créditos gastados para atender la amortización de la deuda, el ahorro neto obtenido resulta negativo en el periodo analizado, ascendiendo a -940 M€ en 2020, con tendencia desfavorable respecto al ejercicio anterior.
En coherencia con los datos anteriores, los indicadores de riesgo y ahorro neto obtenidos en 2020 son de -44% y -9%, respectivamente. (Apartado V.1.4)
Se define como la diferencia entre la suma de los derechos reconocidos netos en los capítulos 1, 2, 3 y 5 de ingresos, y el importe de las obligaciones reconocidas netas en los capítulos 1, 2 y 3 de gastos.
Mide la capacidad del sector público administrativo para generar recursos derivados de las operaciones corrientes que generan contraprestaciones, es decir, sin considerar el efecto de las transferencias. Será mayor cuanto mayor sea la diferencia entre este tipo de ingresos y gastos.
Se define como la diferencia entre los derechos liquidados por todas las operaciones corrientes, capítulos 1 a 5, ambos inclusive, y de las obligaciones de la misma naturaleza reconocidas por los capítulos 1 a 4 del estado de gastos, ambos inclusive.A diferencia del margen anterior, esta magnitud sí que tiene en cuenta el impacto de la variación neta de las transferencias corrientes.
A través de esta magnitud se mide la capacidad para generar recursos derivados de las operaciones corrientes, de manera que, a mayor diferencia entre este tipo de ingresos y gastos, mayor será la posibilidad de financiar las operaciones de capital.
Se define como la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos 1 a 5, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos 1, 2 y 4 del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso. El importe de la anualidad teórica incluye los intereses y la cuota anual de amortización, y para su cálculo se ha tomado el importe que viene dado por la suma de las amortizaciones y de los intereses devengados en el ejercicio, esto es, capítulos 3 y 9 de gastos. Esta magnitud está constituida en definitiva por el ahorro bruto, una vez descontados los gastos derivados de la amortización de deudas contraídas por el sector público administrativo.
Este parámetro tiene por objeto valorar la capacidad de este sector público para hacer frente a las obligaciones derivadas por las operaciones de endeudamiento, y en consecuencia si se generan o no recursos para financiar operaciones de capital.
Se define como el porcentaje que representa el margen bruto de funcionamiento sobre el importe de la suma de la carga financiera de la deuda.
Indica, qué porcentaje de los gastos ejecutados u obligaciones reconocidas netas en el ejercicio por intereses y amortizaciones de capital derivados de las deudas contraídas por el sector público administrativo, representa respecto del saldo por operaciones corrientes sin considerar las transferencias. Si el ratio es menor que 100 o negativo, implicará una imposibilidad para hacer frente a la carga financiera con los recursos obtenidos del normal funcionamiento de los entes del sector público administrativo y, por tanto, una mayor dependencia de las transferencias.
Se define como el porcentaje que representa el ahorro neto, determinado anteriormente como el saldo de operaciones corrientes teniendo en cuenta la amortización de pasivos financieros, con respecto a los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes.
Representa la capacidad de financiación de gastos de inversión con ingresos corrientes una vez cubiertos los gastos de funcionamiento de los servicios y la carga financiera de la deuda.